Gobernar a decretazos también en educación

Soy un profesor que ha cumplido mi cuarto sexenio y eso me ha permitido sufrir varias reformas educativas aprobadas por distintos gobiernos tanto del PP como del PSOE. Cuando aprobé las oposiciones aún estaba en vigor la famosa ley de educación de Villar Palasí con la que también estudié. He pasado por la L.G.E., L.O.D.E., L.O.G.S.E., L.O.P.E.G., L.O.C.E. Y L.O.E. (creo que no olvido ninguna). He pasado por B.U.P., C.O.U., E.S.O., ciclos, grados, formación profesional, P.C.P.I, diversificación curricular, secundaria, bachillerato, etc. Además he pasado a usar habitualmente conceptos como evaluación, criterios, contenidos mínimos, objetivos, diversidad, adaptaciones curriculares, capacidades, proyectos, competencias, etc.

En todos estos años mi labor docente se ha ido adaptando a todos estos cambios que, a pesar de la variedad, siempre han seguido una línea muy clara fuera cual fuera la ley a aplicar tanto si venía del PSOE como del PP. Como denominador común puedo asegurar que cada vez el nivel de exigencia a los alumnos ha ido decreciendo, los alumnos saben menos, estudian menos, están peor preparados. Mi trabajo ha pasado de ser un transmisor y presentador de materias a convertirme en una especie de guardador de alumnos que no tienen el más mínimo interés por aprender. Eso no quiere decir que en todos estos años no haya encontrado siempre algunos alumnos que salían de ese proceso degenerativo pero reconozco que acababan aprendiendo “a pesar del sistema”.

Es cierto que todo esto ha permitido universalizar el acceso a la educación secundaria, e incluso a la universitaria, pero ha sido a costa de nivelar desde lo mínimo en lugar de intentar llevar a todos al máximo de su capacidad. Han desaparecido valores como el esfuerzo o la competencia para llegar al simple pasar el tiempo.

En el sistema actual los alumnos van pasando cursos sin demasiado esfuerzo: los más interesados avanzan sin grandes obstáculos mientras un grupo enorme deambulan entre apoyos, programas diversos, cualificaciones profesionales, etc hasta llegar a los 18 años o más. Un alto porcentaje no acaban con la titulación y el resultado es haber pasado seis u ocho años para casi nada ya que a lo más que llegarán es a obtener cualquier título completamente alejado de la realidad laboral a la que se enfrentarán finalmente una vez pasada la etapa escolar.

Todas las leyes educativas se han caracterizado por primar que los alumnos estén escolarizados a cualquier precio sin que importara demasiado la preparación real. Han sido muchas las veces en las que se atendía más el derecho a asistir a clase de alumnos disruptivos que el derecho a aprender de los que verdaderamente estaban interesados. Los profesores nos hemos tenido que perder en burocracias sin fin elaborando informes de todo tipo que no tenían ningún valor real y que se acababan rellenando casi como quinielas.

En todos estos años la labor profesional se ha tenido que desarrollar en los centros educativos gracias al voluntarismo del profesorado. La formación y la preparación de los docentes ha quedado siempre relegada al tiempo libre de los profesores que tenían que compaginar sus horas de clases, su preparación de materiales, corrección de exámentes, etc con asistir a cursos de formación que muchas veces sólo servían para mantener la burocracia de unos centros de formación de profesores verdaderos cementerios de elefantes en los que se refugiaban aquellos que escapaban de la tiza durante un período de tiempo más o menos largo y casi siempre gracias a sus “amistades políticas”. Y sin embargo por la gran mayoría de centros educativos han florecido experiencias enriquecedoras sobre programas de formación basado en la innovación y en la aplicación de las nuevas tecnologías a las enseñanzas. Hemos pasado de enseñar con los métodos del siglo XIX a casi llegar al XXI.

La educación hoy es peor gracias a la aplicación de todas estas leyes que siempre se crearon a espaldas de los docentes, sin contar con ellos. Las leyes de educación se iban aprobando según cada cambio de gobierno permitiendo que cada comunidad autónoma creara su propio sistema independiente. El estado ha ido perdiendo su capacidad principal de garante para que todos los españoles tengamos una educación igual y con las mismas posibilidades. Se ha ido imponiendo un sistema en el que primaba la anécdota sobre lo general de manera que se han acabado parcelando los conocimientos acomodados a los intereses políticos de las autonomías. Todos los gobiernos han apoyado la enseñanza concertada por el miedo a enfrentarse al poder de la iglesia (que controla la gran mayoría de centros privados y concertados).

Todo eso agravado con la imposición de las lenguas de las comunidades sobre la lengua común de todos los españoles hasta límites absurdos como el que un ciudadano no pueda elegir en esas comunidades educar a sus hijos en castellano o que obligan a un inmigrante a escolarizar a sus hijos para que aprendan la lengua particular en lugar de la común. Y en esto han sido todos los partidos iguales: los nacionalistas por imponer modelos de inmersión lingüística que discriminaban al castellano pero con el apoyo de IU y del PSOE o el PP dependiendo de cada comunidad. La situación es la misma en Galicia (PP), Valencia (PP), Cataluña o País Vasco (Nacionalistas, PSOE, IU) o todos en Baleares. Que quede claro que estoy completamente a favor de la defensa del gallego, euskera o catalán y creo que deberían estudiarse como cultura en todo el resto de comunidades igual que se ha estudiado Ciudadanía. Estoy convencido de que la cultura española está embutida tanto del castellano como de las demás lenguas y que esa variedad nos enriquece. De la misma forma creo que las políticas lingüísticas excluyentes del castellano empobrece a los ciudadanos igual que en el franquismo cuando se prohibían. El disparate absoluto llegó cuando incluso los gobiernos autonómicos se saltan las sentencias judiciales que les obligan a ofrecer enseñanza en castellano.

Estoy convencido de que el problema de la educación en España sólo se solucionará cuando todos los partidos y fuerzas sociales se unan para hacer una ley consensuada entre todos y avalada por los propios docentes, una ley en la que prime el derecho a la educación en igualdad y en pluralidad, sin exclusiones y que sea pública de verdad. Debe ser una ley en que se prime el esfuerzo y se den alternativas al que no quiere estudiar, que dé instrumentos a los profesores para que puedan ser autoridad en la clase tanto por el conocimiento como por la disciplina. Una ley cercana al mundo laboral que ofrezca alternativas formativas profesionales cercanas a la realidad social de la comunidad en la que se inserta. Necesitamos una ley que permita la formación de los docentes con un sistema de acceso a la función pública basado en la capacidad y en la renovación con sistemas que garanticen una verdadera formación que nos actualice constantemente en este mundo tan cambiante. Necesitamos que se invierta más en educación en lugar de aumentar la ratio en las aulas, recortar los sueldos y derechos de los profesores o no contratar nuevos profesionales cuando hagan falta (en los centros se han reducido las plantillas en un 10% aproximadamente y los presupuestos se han recortado en un 40% o más)

Para que esto sea posible es imprescindible un estado que establezca los mínimos comunes gracias a recuperar las competencias en educación. Esto no quiere decir que las comunidades autónomas no puedan gestionar los recursos pero debe ser el estado el que garantice que los mínimos sean iguales en todas partes.

Y ahora nos llega el PP con su nueva ley después de sus muchos recortes: una vez más sin consensuarla con nadie y contra todos, una vez más sin contar con los docentes. Y entre todo lo que propone destaca algo que podría ser positivo como pretender garantizar el derecho a aprender el castellano en igualdad de condiciones con el resto de lenguas de España, pero el problema es que dice que esa garantía se apoyará en la enseñanza privada: una vez más se apoya lo privado en detrimento de la educación pública. Una vez más tendremos la lucha absurda entre la izquierda trasnochada que se indignará porque ya no se adoctrina desde la educación para la ciudadanía y una derecha antigua y caduca que impone modelos cercanos al adoctrinamiento ideológico propio más cercano a la religión y los “valores tradicionales”. Unos y otros peleando por lo suyo y olvidando el derecho a formarse que todos los ciudadanos deberían tener y que debería estar garantizado por el estado. De todos modos siempre nos quedará el fútbol (que los toros ya no quedan en muchos sitios por su valor españolistas)