Los verdaderos responsables de esta crisis

Últimamente es frecuente leer o escuchar a los diferentes analistas políticos poner en duda la viabilidad del sistema autonómico español. Incluso la prensa internacional habla de la poca eficiencia de la administración autonómica española como causa fundamental de la precaria situación que atraviesa nuestro país y de la poca confianza que genera en el exterior.
Acaban de descubrir algunos que nuestra administración presenta un auténtico caos en el que reina la falta de organización y coordinación.
Es frecuente escuchar (incluso el PSOE lo planteó en la pasada campaña electoral en un intento de sacar tema incluso de lo que ellos mismos habían generado) que las diputaciones son un anacronismo caro que cumple funciones que deberían asumir las comunidades autónomas. También oímos que la administración presenta duplicidades de funciones entre los gobiernos locales, autonómicos y del estado. Por poner sólo otro ejemplo, dicen que han sido creados miles de organismos, entes, cargos y organizaciones que se multiplican sin sentido acumulando presupuestos que gastan en propaganda o en despachos y sueldos para “amigos” del partido de turno. Incluso los más osados hablan de que la administración autonómica necesita que nos sentemos todos a replantearla estableciendo un techo competencial similar para todos los españoles en el que se garanticen unos servicios comunes en cualquier lugar del territorio independientemente del lugar en el que se viva y con una financiación igual en la que se tengan en cuenta principios de equilibrio y solidaridad que entienda que España es un estado vertebrado en administraciones autonómicas que están al servicio del ciudadano y no a la inversa.
Mientras dicen todas estas cosas suelen olvidar mencionar dos aspectos fundamentales: quiénes han sido los que han creado este monstruo y quién inició este debate hace ya algunos años.
Sí, este estado autonómico es ineficaz, desmesurado, despilfarrador e insolidario: pero los que han propiciado ese sistema han sido los dos grandes partido que en este país han copado casi todo el poder en los últimos 30 años, apoyados por una IU más preocupada por coger un cargo por aquí o por allí (sin importarle apoyar al psoe, al pp o a los nacionalistas o los proetarras). También apoyados por unos partidos nacionalistas tremendamente reaccionarios e insolidarios miopes ante un concepto de estado que quede vertebrado para atender mejor a sus ciudadanos. Unos nacionalismos que han buscado rapiñar privilegios a costa de los demás con la idea errónea de que son los territorios y no los ciudadanos los que tienen derechos.
Lo más grave es que ese concepto nacionalista en lugar de haber sido contrarrestado por los grandes partidos nacionales ha sido copiado por los reyezuelos autonómicos de las otras comunidades en una guerra sin cuartel por controlar el agua, el aire o por tener infraestructuras de todo tipo, aunque luego no sirvan para nada.
El resultado de todo esto ha sido que el se ha desperdiciado el dinero en aeropuertos, AVEs, auditorios, centros culturales, plazas monumentales y todo tipo de excentricidades repartidas por comunidades y municipios que nos han endeudado hasta mucho más allá de lo que nos podíamos permitir. Se invierte en lenguas autonómicas sin tener en cuenta la calidad de lo que se financia basados en la falsa idea de una persecución que justifica el abandono de la lengua y la cultura comunes a todos. Se ha invertido en lo que nos divide en detrimento de lo que nos une. Se apuesta por 17 modelos educativos, de justicia, de sanidad, etc. que son inviables porque son incompatibles entre ellos.
El otro gran olvido de los analistas es que este debate ya lo planteó UPyD hace mucho tiempo (informe presentado en abril de 2010), cuando nadie hablaba de crisis y todo el mundo decía que éramos una economía de primera. Entonces ya se dijo que había duplicidad de competencias, que sobraban entes autonómicos de todo tipo, que había empresas públicas que no hacían nada. UPyD dijo que era imposible asumir un sistema de gasto en infraestructuras que se basaba en cupos territoriales en lugar de hacer estudios de viabilidad y de eficiencia. UPyD habló de que había que establecer un sistema de financiación autonómica y municipal igual para todos y basada en los principios de servicio a todos los ciudadanos y solidaridad para disminuir las desigualdades. UPyD dijo que había que sentarse a redefinir el estado que teníamos para redistribuir competencias de modo que es estado pudiera garantizar iguales servicios básicos para todos en sanidad, educación, justicia o territorio.
Cuando UPyD dijo todo eso se le acusó de nacionalista español, de fascista, de luchar contra los derechos autonómicos. Se dijo que UPyD era un partido centralista y muchas otras cosas que se pueden ver sólo con repasar la hemeroteca.
Nadie puntualizó que UPyD proponía un estado autonómico de gestión y que la única diferencia era que la visión común debía primar sobre la territorial. Lo que defiende es mantener lo que tiene de bueno una gestión cercana a los ciudadanos basada en las prioridades de cada comunidad pero preservando los principios de igualdad y solidaridad.
Luego, cuando se comenzó a hablar de privilegios, de despilfarros o de ineficiencia, cuando los representantes en las administraciones locales y autonómicas de UPyD comenzaron a renunciar a dietas, coches oficiales y privilegios de todo tipo, entonces se dijo que eran populistas y demagogos.
Ahora el PP nos asfixia con todo tipo de recortes sociales y nos los vende como algo imprescindible pero no es verdad: podría haberse evitado si Valcárcel, Camps, Matas, etc. hubieran sido austeros desde hace mucho tiempo. Podrían haberse evitado si hubieran hecho una oposición dura frente a los despilfarros de los socialistas en Andalucía o Extremadura o Galicia. Podrían haberse opuesto a las políticas nacionalistas de gastar lo propio y lo ajeno. Podrían haber puesto coto a todo eso cuando el gobierno Aznar tuvo la oportunidad de hacerlo.
Pero no solo eso, podrían comenzar por establecer un sistema más justo de contribución en el que los que más tienen paguen más, en el que los bancos devuelvan todo el dinero que se les ha dado y que es de todos nosotros. Podrían dejar de gastar en los aeropuertos que siguen construyendo para invertir en educación y en sanidad. El gobierno podría eliminar todos esos miles de organismos oficiales que mantienen presupuestos inasumilbles mientras no hay ni migajas para los ciudadanos que sufren tragedias (en Lorca sabemos bien lo que eso es). Y podrían haber generado un sistema para controlar el gasto de las comunidades igual que Europa hace con todos los países (que se lo digan al propio Rajoy).
Todo eso no lo han hecho ni unos ni otros y así nos ha ido, ellos son los responsables de la situación en la que nos encontramos, con la complicidad de unos medios de comunicación que siguen tapando sus vergüenzas para seguir recibiendo las subvenciones que necesitan para sobrevivir. Eso es lo que les molesta tanto de UPyD, su coherencia, y eso es lo que poco a poco van viendo los ciudadanos en ese proyecto que representa una alternativa real a la alternancia de los de siempre. Lo intentarán mantener gracias a una ley electoral injusta que les sobrerepresenta y que limita el derecho de los ciudadanos a que escuchen su voz, como ha ocurrido hace poco en Andalucía pero ya ocurrió antes en las generales o aquí en Murcia.