JUAN MANUEL CABRERA PAREJA

Por una escuela pública de calidad

Una vez más la educación vuelve a ser moneda de cambio por un gobierno español. El partido popular ha tomado la tijera y está dispuesto a recortar a diestro y siniestro con el objetivo de poder tener dinero para pagar la deuda que tiene con los bancos, con esos a los que con la otra mano rescata a base de dinero público.

Lo tiene fácil metiendo la tijera siempre en el mismo sitio gracias a la labor desarrollada durante décadas de desprestigio de este sector y de sus profesionales. En la calle muchos son los que tienen la visión de un profesor que trabaja poco, que cobra demasiado y que su trabajo no tiene ninguna productividad para la sociedad.

El camino para llegar hasta aquí ha sido largo y en él han contribuido tanto PP como PSOE e IU con similar culpa. Para colmo de males el sistema autonómico ha generado 17 modelos educativos en los que han primado los intereses políticos de turno frente a la calidad del sistema.

Resulta muy sorprendente que la alternancia en el poder de estos partidos ha demostrado que apuestan por un sistema de educación público muy parecido aunque en las formas siempre se han tirado los trastos a la cabeza. La cosa viene de lejos y podemos remontarnos a la aprobación de la L.O.G.S.E. en 1990. El resultado de aquello fue una apuesta por la cantidad en lugar de la calidad que supuso universalizar el aprobado rebajando las exigencias en contenidos y despreciando completamente valores como la capacidad, la motivación o el esfuerzo.

Otra de las lacras que nos dejó ese momento fue la apuesta por una enseñanza concertada que asfixiaba el desarrollo de la enseñanza pública primando centros que recibían grandes cantidades de dinero con los que montar estupendos colegios a los que podían ir los hijos de los de siempre y los nuevos ricos que iban surgiendo a la sombra de la política (basta con echar un vistazo a los colegios en los que han estudiado los hijos de los principales políticos de este país en los últimos 30 años). La enseñanza concertada se permitía tener trabajadores igual de preparados que en la pública pero les exigía trabajar muchas más horas, cobrar menos y restricciones ideológicas que llevaban incluso a exigir llevar faldas e ir maquilladas a las profesoras (conozco varios casos de compañeras y amigas).

Esta política suponía invertir más en centros que podían seleccionar a sus alumnos para que las bolsas de inmigrantes y marginados económicos y sociales fueran a la escuela pública allí donde todo el mundo cabía ya que la función principal era la de cuidar niños en lugar de educar. Esta selección se realizaba directamente con sistemas de admisión que impedían que entraran inmigrantes, gitanos, etc. Y si alguno se colaba porque no había más remedio que guardar la cara entonces llegaban unas actividades extraescolares de pago que aunque “voluntarias” suponían que los alumnos que no podían pagarlas se tenían que marchar.

Y a pesar de todo la educación pública siguió funcionando gracias al esfuerzo de miles de profesionales que continuaron formándose a pesar de que tenían que hacerlo con su dinero y con su tiempo libre. Esos profesionales adaptaron sus métodos de trabajo a aulas en las que los problemas eran la falta de respeto de los alumnos y de los padres, la indisciplina y la falta de interés por el trabajo. Los profesores fueron capaces de sacar promociones de alumnos brillantes que podían competir incluso con los que tenían grandes medios, con imaginación y con esfuerzo. Se preparaba a los más capacitados mientras también se atendía a los que no llegaban, incluso en contra de su voluntad. En las clases tenías que trabajar potenciando la diversidad de alumnos, de sus intereses y de sus situaciones familiares y personales. Tuvimos que aprender a dar clase a alumnos con todo tipo de discapacidades físicas y mentales aunque nadie nos había preparado para ello. Era un recurso barato meter en clase a estos alumnos y que el profesor “se las apañara como pudiera”.

Mientras todo esto ocurría los políticos seguían haciendo leyes nuevas según su turno de gobierno, cuando llegaba uno quitaba lo que había puesto el otro y ponía lo suyo pero siempre lo hacían sin preguntar a los profesionales para conocer las necesidades reales. Se invertía dinero teniendo en cuenta quién iba a recibir la concesión de un producto en lugar de pensar en las necesidades reales de profesores y alumnos. Recuerdo como en Murcia se gastaron millones en unas PDAs que no servían para nada ya que venían a ser como un smartphone con las que no se podía hablar, lentas, complicadas de usar y encima para una red wifi que no se disponía en los centros.

Nadie se preocupó nunca por sentarse de verdad a analizar el problema. Nunca se preguntó a los docentes a la hora de hacer los nuevos planes de estudio o sobre cómo organizar el sistema educativo. Los políticos hacían los curricula incluyendo lo que les convenía ideológicamente aunque fuera al precio de falsear la historia. Para colmo se primaron sistemas de estudio en las lenguas de las comunidades a costa de abandonar la lengua común y así en Cataluña, sólo como ejemplo, se escolarizaba a los nuevos inmigrantes en catalán en lugar de hacerlo en castellano sin tener en cuenta que quizás estos alumnos acabarían viviendo en otra comunidad y desconocían la lengua común.

Se hacían reformas una y otra vez de la formación profesional como medio de aparcar a los que no “servían” para estudiar, pero no se tenía en cuenta el formar profesionales cualificados para nuestro tejido laboral, total si luego acabarían poniendo ladrillos… Pero mientras tanto enormes cantidades de dinero se daban a comunidades autónomas, ayuntamientos y sindicatos para realizar cursos de formación que tenían como único objetivo justificar el pago a los cuatro amigos que los daban como precio por todo tipo de favores políticos: así podíamos ver ofertas de cursos de pinchadiscos y todo tipo de excentricidades. De ese dinero ni se controlaba el gasto ni se valoraba el resultado obtenido.

El gobierno ahora vuelve a arremeter contra la enseñanza y esta vez viene complicado por una crisis económica terrible. Tendremos más alumnos en las aulas, se recortan los presupuestos y ya no hay ni para pagar la calefacción. No se pueden comprar materiales educativos y desaparecen prácticamente los centros de formación de profesores. Se vuelve al recurso fácil de recortar en lo que menos interesa porque los gobiernos no quieren ciudadanos preparados y críticos con su gestión sino mano de obra barata que no piense mucho a la hora de poner su voto en una urna. ¡Qué nadie se engañe! los recortes en educación no son sólo una medida coyuntural sino que van a la esencia del modelo de sociedad que nos proponen los que llevan controlando esto en los últimos 40 años o más.

Decía una pancarta en la manifestación de Murcia del otro día: Si te parece cara la educación imagina lo que nos costará la ignorancia. Los países que no invierten en la educación de su juventud están condenados a padecerla después. La escuela pública debe garantizar una igualdad de oportunidades para todos independientemente de sus posibilidades económicas y con el único límite de su propia capacidad y sus propias motivaciones. La escuela pública debería garantizar una formación igual en todos los territorios en los que se potencien las diferencias pero desde todo lo que nos une.

Si queremos un modelo educativo útil el estado debe garantizar un sistema único en todas las comunidades desde el consenso con todas las fuerzas políticas y, sobre todo, con los profesionales de la educación en todas sus etapas. En momentos de crisis es cuando más habría que invertir en educación y en investigación para buscar ideas nuevas que nos permitan salir del pozo en el que estamos. Y todo eso valorando la labor de los docentes, favoreciendo su trabajo motivando su actuación y respetando su dedicación. Ojalá alguna vez tengamos un gobierno como nos merecemos que mire más por los ciudadanos que por los votos.