JUAN MANUEL CABRERA PAREJA

Reforma electoral

En varias ocasiones ya UPyD ha presentado propuestas para reformar la ley electoral. Estas han contado con el voto favorable de IU y con los votos en contra de PP, PSOE y nacionalistas. Podría parecernos que se trata de una confrontación en la que unos partidos proponen este cambio porque les perjudica el sistema mientras que los restantes están en contra porque les beneficia, pero es algo mucho más serio e importante.

Ya hace algunos meses el Consejo de Estado emitió, a petición del gobierno, un informe (http://www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf) con un análisis en el que se llegaba a propuestas similares a las nuestras. La respuesta del gobierno fue la aprobación de una reforma cuyo punto más importante fue la de reducir el tamaño de la papeleta del senado y una “simpática” disminución del gasto electoral fundamentado en la buena voluntad de los partidos. Se dejaban de lado todas las propuestas del Consejo. El gobierno contó con el apoyo del PP y de los nacionalistas.

Todos estos grupos políticos defienden un sistema que les beneficia a costa de los derechos de los propios ciudadanos ya que los votos deberían valer todos lo mismo independientemente del lugar en el que se emiten y de la candidatura por la que se opta.

Una parte muy importante del alejamiento de los ciudadanos de la política y el que se considere que los políticos son parte del problema se basa precisamente en este injusto sistema electoral. Este sistema lo único que potencia es la alternancia entre PP y PSOE como dos caras de la misma moneda con el apoyo de los pequeños grupos nacionalistas a cambio de una buena tajada que siempre es a costa del resto de los españoles.

El sistema electoral es injusto porque para ser diputado por Soria había que obtener 46.796 votos, mientras que en Madrid eran necesarios 173.762, según el propio informe del Consejo de Estado con los datos de las elecciones del 9 de marzo de 2008 (para ser diputado por Murcia había que obtener 139.211 votos). Las provincias menos pobladas se benefician de este sistema y la propia ley de proporcionalidad (ley D’Hondt) hace que las candidaturas más votadas obtengan mayor representación de la que les correspondería. Esto nos lleva a un sistema bipartidista que acaba siendo lo más parecido posible al concepto de partido único y a unos pequeños grupos nacionalistas que son los que con sus apoyos inclinan la balanza hacia uno u otro lado según el que más les ofrezca. Al final los que menos creen en el concepto de estado como tal son los que han garantizado la estabilidad de los gobiernos muchas veces a cambio de aumentar sus privilegios particulares.

Nuestra propuesta de reforma electoral forma parte del intento por regenerar la vida democrática y conseguir que los ciudadanos vuelvan a implicarse participando activamente en política. Se busca controlar de forma más eficaz la acción de los políticos y luchar contra la corrupción.

UPyD propone un aumento de diputados en el Congreso de los 350 actuales hasta 400, el que cada provincia tenga sólo un representante asignado en lugar de los dos actuales, y que el resto de diputados se distribuyan en función del número de electores en todo el Estado. Esto supondría pasar de los 248 actuales que se reparten por habitantes a 348 distribuidos por electores y haría mucho más equilibrada la proporcionalidad tal y como reconoce el propio informe del Consejo de Estado.

También proponemos un cambio del sistema de proporcionalidad actual (ley D’Hont) a otro mucho más equilibrado (método Hare) para que los porcentajes no beneficien a los más votados.

Postulamos un sistema de listas abiertas y no bloqueadas en las que los electores puedan elegir libremente a los candidatos individualmente entre de las listas confeccionadas por los partidos. Hasta ahora el sistema sólo nos permite elegir la candidatura cerrada y son los partidos los que ponen a sus propios candidatos a dedo y sin ningún control democrático (nosotros elegimos a los candidatos en procesos abiertos de primarias, sin avales). Este sistema favorece la creación de grandes estructuras con poder absoluto sobre las candidaturas y sin ningún control democrático y es otra de las causas que hace que los ciudadanos se alejen de la política ante grandes partidos todopoderosos a los que es imposible acceder salvo por amiguismo.

También proponemos una reducción de los gastos electorales que los partidos realizan en campaña porque son gastos que paga el Estado, es decir, pagamos todos. Se propone impedir las campañas institucionales que se realizan con fines electoralistas y que llevan a salir al alcalde de turno todos los días en los medios de comunicación colocando primeras piedras o inaugurando tramos de carretera parcheados y que no son más que propaganda electoral pagada con el dinero de todos los contribuyentes.

Eliminación del mailing con cargo a los presupuestos del Estado y una ley que garantice la igualdad informativa en los medios de comunicación sobre publicidad e información en campaña electoral.

Se trata de medidas que pretenden mejorar nuestro sistema electoral y que buscan ilusionar a los ciudadanos con una forma de hacer política diferente. Nosotros apostamos fuerte por esta idea porque es la base de nuestra existencia como formación política y así lo vamos a defender condicionando futuros apoyos electorales en las próximas municipales y autonómicas al partido que facilite la aprobación de esta ley.

Nos jugamos mucho más que un puñado de escaños: el futuro democrático y el que los ciudadanos vuelvan a creen en la política como motor capaz de cambiar las cosas hacia mejor.